El objetivo principal es claro: formar más médicos, obstetras y enfermeros en regiones con alta necesidad de atención médica, y frenar la “fuga de talentos” a otros estados o al extranjero.
Esta conducta está prevista y sancionada por el artículo 258 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, bajo el delito de usurpación de profesiones.
