Anticorrupción anula la licitación completa para compra de medicamentos por irregularidades en el proceso
La Secretaría Anticorrupción ha declarado nula toda la licitación de la compra consolidada de medicamentos realizada por Birmex, la empresa estatal encargada de la adquisición. Esta decisión se tomó tras detectar irregularidades en el proceso, incluyendo sobrecostes de hasta 13,000 millones de pesos en solo el 6% de las claves adjudicadas. La resolución ordena reiniciar todo el procedimiento desde cero y da como plazo máximo el 21 de abril para su cumplimiento.
La Secretaría de Salud asegura que el abasto de medicamentos está garantizado
Ante la preocupación generada, la Secretaría de Salud emitió un comunicado asegurando que el abasto de medicamentos está garantizado. Indicaron que ya se han emitido órdenes de suministro suficientes y que hay tiempo para celebrar nuevos contratos sin afectar la distribución. Además, se reasignarán directamente los contratos a los proveedores previamente adjudicados para no interrumpir el proceso.
Hasta el 1 de abril, se habían adquirido ya 233 millones de piezas de las 381 millones solicitadas, lo que representa un avance del 61%. El monto total de la compra ascendía a 248,000 millones de pesos.
Birmex bajo la lupa por presunta corrupción y falta de experiencia
La situación se agrava para Birmex, una institución históricamente enfocada en la fabricación de vacunas, pero que desde noviembre fue designada como responsable de la megacompra de medicamentos. Esta no es la primera vez que enfrenta cuestionamientos: en una auditoría forense publicada en febrero, se detectaron irregularidades por 1.045 millones de pesos en el ejercicio 2023.
El subsecretario Eduardo Clark, coordinador del proceso, informó que dentro del 73% de claves ya adjudicadas se identificaron los sobrecostes. A raíz de esto, el gobierno suspendió las adquisiciones señaladas y destituyó a varios funcionarios involucrados, aunque no se ha confirmado si estas acciones alcanzaron al director de la institución, Iván Olmos.
Errores técnicos en la convocatoria y criterios inadecuados de participación
La resolución de la Secretaría Anticorrupción indica que la convocatoria carecía de claridad en los requisitos, lo que afectó la transparencia del proceso. Se omitieron descripciones técnicas necesarias, formatos para los licitantes y detalles sobre cómo acreditar la capacidad para participar. También se criticó la exigencia de documentos como el cumplimiento fiscal ante el SAT, el IMSS y el Infonavit, más propios de contratos de servicios y no de adquisición de bienes.
Además, no se establecieron de forma clara los criterios para la participación de fabricantes internacionales, a pesar de que la licitación estaba abierta a empresas extranjeras.
El futuro del proceso de compra queda en incertidumbre
Del total de claves licitadas, un 34% habían quedado desiertas, a la espera de una nueva ronda de licitación que ahora queda en suspenso. Esta decisión también deja en el aire cómo y cuándo se retomará la compra de esos medicamentos esenciales.
El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha señalado que, si se comprueba la comisión de delitos, podrían iniciarse acciones penales contra los responsables. La industria farmacéutica, representada por Canifarma, descartó que se trate de un caso de corrupción entre sector privado y gobierno, y atribuyó las fallas a la falta de experiencia de Birmex en procesos de esta magnitud.
Un modelo de compras públicas que sigue sin consolidarse
Durante el sexenio anterior, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador confirió a Birmex la capacidad de realizar estas compras, sin buenos resultados. Desde entonces, han pasado por el proceso la Secretaría de Hacienda, el extinto INSABI bajo supervisión de la ONU, el propio INSABI y el IMSS Bienestar, que implementó la polémica megafarmacia. Sin embargo, el actual gobierno volvió a centralizar las compras en noviembre pasado, ahora en manos de Birmex, una decisión que hoy enfrenta serios cuestionamientos.
Con la licitación anulada y nuevas reglas por definir, el reto del actual gobierno será garantizar la transparencia, legalidad y eficiencia en uno de los temas más sensibles para la población: el acceso a medicamentos.
