La ONG Elementa DDHH ha alertado sobre los riesgos en salud mental y el consumo problemático de sustancias en migrantes deportados en Tijuana, una de las ciudades más afectadas por las deportaciones masivas desde Estados Unidos. Según la organización, estas deportaciones aumentan la probabilidad de que los migrantes terminen en situación de calle o desarrollen problemas de adicción, especialmente en un contexto donde la crisis de opioides ya es una realidad alarmante en la región fronteriza.
“No es solo un tema de protección social; es una cuestión de salud pública que debe atenderse con urgencia”, afirmó Renata Demichelis Ávila, directora de Elementa en México.
Impacto de las deportaciones en la salud mental de los migrantes
De acuerdo con estudios realizados por el Instituto Nacional de Psiquiatría y la ex Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), las personas más afectadas suelen ser hombres migrantes que han intentado cruzar la frontera o han sido deportados. Estos estudios destacan que la frustración, la depresión y la caída del estado de ánimo después de ser repatriados contra su voluntad son factores que contribuyen significativamente al consumo de sustancias.
“El fenómeno de la migración, particularmente el de la deportación, impacta de manera sustancial en el consumo de sustancias”, añadió Demichelis Ávila, quien subrayó que las autoridades estatales ya tienen documentada esta problemática, pero las respuestas han sido insuficientes.
Crisis de opioides y falta de políticas públicas
Adriana Muro Polo, directora ejecutiva de Elementa, destacó que las organizaciones de la sociedad civil, como PrevenCasa en Tijuana y Verter en Mexicali, han asumido gran parte de la atención a los afectados. Sin embargo, estas organizaciones no cuentan con los recursos suficientes para atender a toda la población migrante en riesgo.
“Si el gobierno no prepara una política pública integral que aborde esta problemática, el consumo de sustancias problemáticas seguirá incrementándose en el estado”, enfatizó Muro Polo.
Vulnerabilidad frente al crimen organizado
Además de los problemas de salud mental, los migrantes deportados se enfrentan al riesgo de caer en manos del crimen organizado, ya sea como víctimas de explotación o como reclutas forzados. Elementa subrayó la necesidad de políticas públicas claras que no solo brinden apoyo básico, sino que también prioricen la salud mental y la seguridad individual de los migrantes.
“Darles una tarjeta de dos mil pesos no es la solución. Necesitamos políticas fundamentadas en los contextos reales que viven estas personas”, sentenció Muro Polo.
Acciones urgentes para enfrentar el problema
La ONG hizo un llamado al gobierno para implementar medidas concretas que incluyan:
- Atención integral en salud mental para migrantes deportados.
- Prevención del consumo de sustancias con programas específicos.
- Políticas públicas que reduzcan la vulnerabilidad frente al crimen organizado.
Este problema no solo afecta a Tijuana, sino que podría tener repercusiones en otras ciudades fronterizas si no se toman acciones inmediatas. Las autoridades deben reconocer la magnitud de la crisis y actuar de manera efectiva para proteger a los migrantes y sus derechos humanos.
